Ministro de Piñera desafía a quienes piden un nuevo país

Competencia electoral sugerida por Golborne no resuelve las demandas ciudadanas sin cambiar la Constitución de Pinochet.

“Quienes crean que hay cambiarlo todo, que se presenten a las elecciones respectivas y consigan los votos para cambiar todo como estimen conveniente”. Así respondió el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne –el político gobiernista mejor evaluado por las encuestas-, acerca de la paralización nacional de dos días impulsada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Aunque su reto proyecta la probable competencia de la próxima elección presidencial (2013) entre el sistema autoritario-neoliberal proveniente de la dictadura y el nuevo y auténticamente democrático que demandan las actuales manifestaciones populares, genera falsas expectativas si “cambiar todo” es prácticamente imposible bajo la granítica Constitución de Pinochet.

El petitorio sindical incluye cambios radicales en la previsión social, la salud y la educación, un nuevo código del trabajo, una reforma tributaria y, como culminación, una nueva Constitución Política del Estado, generada democráticamente y que consagre todos los derechos sociales.

El desafío lanzado por el delfín del Presidente se sustenta en el poderío incontrarrestable del sector que colaboró con la dictadura y que controla hoy la política, la economía y la institucionalidad en general, y en un pueblo restringido e incapaz hasta ahora de autodeterminarse. Su autor ha sido una de las pocas autoridades que se ha dignado a comentar el contenido y las aspiraciones de los convocantes a la reciente protesta.

Mejor que gobernar

La candidatura presidencial de Sebastián Piñera prometió en 2009 un cambio y una “nueva forma de gobernar”, conquistando a una mayoría electoral que quiso ver en el candidato a un eficiente servidor de sus aspiraciones concretas y no el fortalecimiento de un modelo político impuesto.

Piñera no creía ni cree que los amarres autoritarios importen a la gente –en especial los altos quórum que, sumados al “empate” parlamentario determinado por el sistema electoral, hacen inmodificables los pilares de la Constitución- y lo ha demostrado hablando de “revolución” para referirse, en la práctica, al “perfeccionamiento” del modelo neoliberal, a una administración eficiente incluso en tareas impensadas, como el rescate de 33 mineros atrapados bajo tierra durante varias semanas.

Pero, en poco más de un año de ejercicio, dos terremotos le averiaron el panorama: uno físico, heredado, y otro social, de su absoluta incumbencia. Porque, a pesar de las ladinas excusas oficialistas en el sentido que la responsabilidad mayor recae en los gobiernos anteriores, no es sino el marco institucional vigente el que ha permitido a su sector construir una sociedad a su amaño y conveniencia, controlar a los opositores hasta desorientarlos y mantener a la ciudadanía enfrascada –hasta hace poco- en necesidades individuales y de consumo.

Por eso han surgido en él proyectos unilaterales, llamados sordos al diálogo, mediciones comparativas con lo malo de la actual oposición y aparente indolencia ante las masivas protestas populares. Lo más apremiante parece ser la mantención de la marcha diaria (y económica) del orden construido, en el cual el factor clave no es el ejercicio gubernativo sino un poder otorgado, desgraciadamente, sin democracia.

Julio Frank S.

Ministro de Piñera desafía a quienes piden un nuevo país

Periodistas suscriben llamado a paro nacional

El presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Marcelo Castillo, suscribió el manifiesto del Paro Nacional Ciudadano convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para el miércoles 24 y jueves 25. El documento se denomina “Acuerdo Nacional para la Democracia Social Ahora” y su principal demanda es una nueva Constitución Política, que emane de una Asamblea Constituyente, y en lo inmediato, un plebiscito popular que resuelva la crisis de la educación.

El ejercicio del periodismo ha sido una de las actividades más castigadas por el sistema político heredado de la dictadura, con el consiguiente detrimento de la libertad de expresión y el pluralismo informativo.

Los medios de comunicación tradicionales han disminuido considerablemente producto de la discriminación publicitaria de los grandes avisadores, lo que ha permitido la conformación de un duopolio periodístico de derecha, la manipulación de pautas informativas en la televisión abierta y la reducción a un puñado de las radioemisoras independientes.

Ha proliferado y se ha hecho público, además, el compromiso de periodistas en función informativa con las empresas auspiciadoras de sus espacios, pese a que dicha práctica es prohibida por el código de ética del colegio de la orden.

J.F.S.

Periodistas suscriben llamado a paro nacional

El proyecto para renacionalizar el cobre chileno

Las empresas concesionarias del cobre no han actuado para satisfacer el interés público sino que han incrementado en forma desproporcionada y privilegiada sus ganancias, las que alcanzarían el equivalente al 79 por ciento del presupuesto nacional en 2011, recursos que, en manos del Estado, permitirían satisfacer con holgura las necesidades más urgentes del país.

Así lo afirma el proyecto de ley de reforma constitucional que deroga, en el derecho de propiedad, los incisos correspondientes al régimen de concesiones a privados en esta industria -impuesto en dictadura- y renacionaliza así la principal riqueza natural de Chile.

La presentación, impulsada principalmente por diputados socialistas y comunistas, fue realizada el 13 de julio pasado y añade que las demandas sociales sobre la renacionalización del cobre son cada vez mayores, pues diversos sectores, entre ellos sindicales y educacionales, la han levantado como una de sus banderas en las recientes manifestaciones masivas. Sostiene, por tanto, que para impulsar la estrategia de desarrollo nacional, administrar racionalmente y proteger las riquezas básicas, y avanzar hacia una nueva estructura productiva “es indispensable la re-nacionalización de la gran minería del cobre”.

Su texto es el siguiente:

“CONSIDERANDO:

Que el 11 de julio de 1971, durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, el Congreso Pleno aprobó por unanimidad la Nacionalización del Cobre, mediante la Ley N° 17.450 de Reforma a la Constitución Política del Estado, lo que constituyó un hecho histórico para el país y que se ha denominado el Día de la Dignidad Nacional.

El Presidente Salvador Allende en su Mensaje señaló: ‘El proyecto de Reforma de la Constitución Política del Estado, que tenemos la honra de someter a la consideración del Congreso Nacional, significa la definitiva consagración jurídica de un pensamiento político que estamos seguros es compartido por una abrumadora mayoría nacional: (el) que impone la subordinación del derecho y el interés privado, chileno y extranjero, a los derechos y a los intereses generales de la colectividad nacional’.

Que durante la dictadura militar, con la aprobación de la nueva Constitución Política de la República en 1980 y posteriormente con el nuevo Código de Minería, mediante la figura de la ‘Concesión Plena’ y la Ley Orgánica de Concesiones, han permitido que en la práctica se vulnere el espíritu del artículo 19 N°24 de la Constitución que nacionalizó eI cobre, en el cual se consagra que ‘El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas’ y la obligación del dueño de la concesión minera de satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento o de aceptar las causales de caducidad en caso de incumplimiento.

Que habiendo transcurrido cuarenta años de este hecho histórico, el país necesita una segunda nacionalización o re-nacionalización del cobre para revertir el proceso de desnacionalización que se ha ido produciendo, puesto que actualmente menos del 30% de la producción total pertenece al Estado y el resto a las grandes transnacionales, y en un escenario de un aumento sostenido del precio internacional de los metales, principalmente del cobre, que han generado millonarias pérdidas de ingresos tributarios para el Estado.

Que esto es resultado de que durante estos años se produjo un aumento indiscriminado de nuevas inversiones mineras transnacionales que se establecieron en Chile al amparo del DL 600 impuesto por la fuerza de la dictadura y sin el consentimiento ciudadano.

Que las empresas mineras extranjeras han obtenido grandes beneficios económicos, comerciando con nuestros yacimientos como si fueran de propiedad privada y aprovechando resquicios legales y privilegiadas normas tributarias, obteniendo ganancias extraordinarias, al punto que en pocos años han recuperado con creces las inversiones efectuadas.

Que esto ha perjudicado los intereses nacionales existiendo la necesidad del desarrollo industrial e integral de la minería del cobre y de las regiones mineras, en tanto las compañías han privilegiado la exportación de nuestros minerales en bruto, perdiendo el país la posibilidad de obtener valor agregado por su elaboración y desestimando el desarrollo nacional de los insumos y los servicios que requiere la industria y los consiguientes empleos y rentas que generarían.

Que desde hace varios años se da un explosivo aumento del precio del cobre, llegando a cotizarse a más de 4 dólares la libra, permitiendo la acumulación de alrededor de 30 mil millones de dólares aportados casi exclusivamente por Codelco a pesar de que su producción es menos del 30% del total nacional, siendo su aporte actual del 25% del presupuesto estatal. Esto significa que el cobre entrega beneficios al país principalmente cuando es explotado por el Estado y que las ventajas para toda la nación serían inmensas sí se renacionalizara toda la gran minería.

Que, por lo tanto, para impulsar la estrategia de desarrollo nacional, administrar racionalmente y proteger nuestras riquezas básicas y avanzar hacia una nueva estructura productiva es indispensable la Re-Nacionalización de la gran minería del cobre. Se explica así que cada vez adquieran más resonancia las demandas que la reclaman y que diversos sectores sociales y de regiones han levantado como una de sus banderas en las grandes movilizaciones desarrolladas durante este año exigiendo más recursos para una educación pública de calidad.

Que el gobierno de Sebastián Piñera con ocasión del terremoto del 27 de Febrero propuso una nueva modificación a la ley de impuesto específico a la minería, pero de carácter transitorio, como principal mecanismo para financiar la reconstrucción del sur del país. Al igual que la modificación aprobada anteriormente, implicó la extensión del período de invariabilidad tributaria que en la práctica intenta poner un candado a la imposición de un verdadero royalty a la actividad minera.

Que no obstante lo anterior, a pesar de los avances objetivos en la toma de conciencia colectiva que la implementación de la Re-Nacionalización de la minería del cobre significaría, en términos jurídicos no se han logrado avances y en estricto rigor ha habido retrocesos porque la mayor tributación asociada a la minería se ha logrado a expensas de nuevos beneficios tributarios.

Que los concesionarios no han actuado para satisfacer el interés público, sino por el contrario sólo han incrementado sus ganancias. En efecto, las estimaciones de excedentes operacionales o ganancias antes de impuestos para 2011 de las empresas mineras privadas alcanzarían a 34.632 millones de dólares, lo cual equivaldría aproximadamente al 79% del Presupuesto Fiscal, a 3,3 veces el Presupuesto Total del Ministerio de Educación, a 7,3 veces el Presupuesto del Ministerio de Salud, y a 11,5 veces el Presupuesto del Ministerio de Vivienda. Asimismo, dichos excedentes duplicarían el presupuesto total de estos tres ministerios claves de Chile: Educación, Salud y Vivienda. Por consiguiente, al llevarse a la práctica esta moción, con los recursos señalados, Chile podría satisfacer con holgura las urgentes necesidades del país en estos ámbitos y restablecer nuestra soberanía económica.

POR TANTO: Los Diputados y Diputadas abajo firmantes venimos en presentar a la Honorable Cámara de Diputados el siguiente Proyecto de Ley.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO UNICO. Modifícase la Constitución Política de la República, artículo 19 N° 24, de la siguiente forma:

Deróganse los incisos 7, 8, 9 y 10 del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República”.

Fuente: Cámara de Diputados

El proyecto para renacionalizar el cobre chileno

Por qué no hay acuerdo en educación (y el país)

La propuesta educacional del gobierno de Sebastián Piñera reafirma los preceptos básicos de la Constitución de 1980 en esta materia, esto es, el deber de los padres de educar a sus hijos y la libertad de abrir y mantener establecimientos de enseñanza, precisamente el mayor cuestionamiento del movimiento estudiantil y docente que ha paralizado la enseñanza pública chilena durante más de dos meses, el que considera disminuida la responsabilidad del Estado y favorecido el lucro indiscriminado.

En el primer punto de su documento “Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena”, dado a conocer el pasado 1 de agosto, el gobierno de la llamada Coalición por el Cambio admite que “la educación es un derecho fundamental de clara jerarquía constitucional”, pero enseguida declara que ésta se encuentra “especialmente garantizada en los numerales 10 y 11 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental”.

De este modo, la propuesta gubernamental se limita a añadir diversas medidas complementarias a la norma constitucional vigente tras agregar que, “sin perjuicio de lo anterior”, considera necesario incorporar principios como el acceso gratuito y el financiamiento fiscal desde el nivel parvulario hasta la enseñanza media, el deber del Estado de garantizar un sistema de educación superior mixto, la promoción de un acceso justo y el financiamiento necesario, junto con el derecho a una educación de calidad y el deber del Estado de velar por éste.

En cambio, el documento “Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena”, entregado por el Colegio de Profesores, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) el 27 de julio -apoyado por parlamentarios de oposición- exige una reforma propiamente tal, que parta por la inclusión del precepto constitucional de la educación como “bien público” y la responsabilidad del Estado como proveedor del mismo:

“La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, y el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación preescolar, básica y media. Asimismo, a nivel de educación superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad y el financiamiento necesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar un título de educación superior”.

La Constitución chilena vigente fue redactada y promulgada en dictadura, sin partidos políticos ni debate ciudadano, y su capítulo sobre los derechos y deberes constitucionales ha resultado inalterable hasta hoy –como otros pilares de la Carta Fundamental vigente- debido al alto quórum (dos tercios) que el mismo texto establece para reformas de este tipo.

J.F.S.

Por qué no hay acuerdo en educación (y el país)