Mientras la opinión pública se concentra en el remezón del fútbol, los políticos dirigentes se están abocando, una vez más, a la silenciosa, pero fundamental tarea que les ha unido durante los últimos veinte años: modificar la Constitución promulgada en dictadura sin alterar sus pilares básicos. Más de cien reformas han suprimido trabas político-administrativas para el ejercicio del poder, pero no han incorporado derechos constitucionales ausentes. Uno de los cambios negociados ahora, por ejemplo, permite la votación en el exterior sólo a residentes que acrediten un “compromiso” con el país.
“Así como hicimos las reformas constitucionales en 2005, en este caso debe ocurrir algo similar”, dijo el veterano senador democratacristiano Andrés Zaldívar, según publicó El Mercurio. El citado año, un acuerdo Concertación-derecha eliminó más enclaves autoritarios vigentes hasta entonces y el Presidente Lagos, sin consultar a la ciudadanía, puso su firma en el texto constitucional en reemplazo de la de Pinochet y lo declaró “nuevo y democrático”, pese a que mantiene restringidos los derechos económicos, sociales y culturales, así como la actividad estatal y política, incluido el acceso electoral al Parlamento.
Sin embargo, el senador DC, ex Presidente de la República y posterior candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, declaró poco después que la actual Carta Fundamental “es una camisa de fuerza que no resiste más parches” (Parche, dice el diccionario, es una cosa añadida o sobrepuesta a otra y que desentona o la desdice). Consecuentemente, su segundo programa de gobierno (2009) incluyó una comisión redactora de una nueva Constitución para los primeros meses de su eventual mandato, aunque la promovió insuficientemente y perdió ante el candidato de la derecha.
La Presidenta Bachelet, a su vez, no respondió una petición personal del candidato de la izquierda, Jorge Arrate, en orden a instalar una urna adicional en las últimas elecciones para que la ciudadanía se pronunciara sobre el tema.
“Política de los acuerdos”
La Constitución vigente en Chile, redactada por políticos y juristas de derecha asesores de la dictadura y aprobada mediante un plebiscito popular sin condiciones democráticas, extendió por ocho años el régimen autocrático. La junta militar, además, dio a Pinochet, como candidato único en un nuevo plebiscito, la oportunidad –fallida finalmente- de mantenerse en el poder durante otros ochos años.
Pese a las cuantiosas reformas posteriores, la ciudadanía sólo ha sido consultada en una ocasión (1989), poco antes del término del período dictatorial, cuando aprobó mayoritariamente un acuerdo político que suprimía las disposiciones más antidemocráticas, entre ellas, la que perseguía ideas. La Concertación inició entonces la denominada “política de los acuerdos” con los partidos pinochetistas, que significó a la mayoría social triunfante en las urnas la postergación indefinida de los derechos reclamados.
J.F.S.
Etiquetas: Constitución, Política
Más parches a la Constitución de Pinochet