¿Por qué Frei no habla de esto?

“Nuestro objetivo hoy es avanzar hacia una Constitución que interprete y represente el sentir de todos los chilenos.

Aún existen amplios sectores que se consideran excluidos del pacto cívico nacional que debe ser una carta fundamental. Queremos que la Constitución recoja lo que son nuestros valores republicanos. La Constitución del Bicentenario a la que aspiramos debe sentar las bases de un Estado Social y Democrático de Derecho, donde los valores de la libertad, el progreso y la justicia social jueguen un importante rol como elementos de cohesión de nuestra sociedad.

Además, el país necesita que el pueblo recupere su plena soberanía para reformar en forma coherente su Constitución, desactivando de paso las actuales disposiciones que limitan el pleno ejercicio de la democracia, como, por ejemplo, el sistema binominal o el sistema de quórum especiales.

En este sentido, nos hemos planteado los siguientes objetivos para una profunda reforma constitucional durante el próximo gobierno:
-Proteger constitucionalmente los derechos económicos, sociales y culturales, en balance con los deberes cívicos de nuestros ciudadanos.
-Modificar el excesivo presidencialismo, equilibrando la relación con el parlamento.
-Otorgar más poder a las regiones.
-Reformar profundamente los marcos institucionales en que se conduce la política, con el objeto de mejorar la eficacia, la legitimidad cívica y el funcionamiento de nuestra democracia.
-Avanzar en formas de democracia directa, participación descentralizada y consulta ciudadana.
-Establecer claramente en la Constitución el carácter multicultural de la nación chilena y el reconocimiento de los pueblos indígenas.
-Proteger los derechos de las minorías contra toda forma de discriminación, la igualdad de género y la valoración de la pluralidad de las formas de vida.

Creemos que es el momento de dar este salto institucional. Nuestra democracia es lo suficientemente madura como para plantearse el objetivo de otorgarse una nueva carta fundamental, que recoja las mejores tendencias del constitucionalismo moderno, donde el ciudadano se coloca al centro de la acción política y social. En este sentido, aspiramos a que los valores de libertad, igualdad y pluralismo se expresen en la nueva Constitución en el reconocimiento de nuevos derechos civiles, como por ejemplo:
-Derecho a garantías mínimas de protección social, asegurando la exigibilidad de cada uno de los derechos sociales que se establezcan (como el derecho a una educación de calidad o atención de salud), explicitando en cada caso las formas de su tutela judicial.
-Derechos a la no discriminación por origen étnico, religioso, de preferencia sexual, de apariencia física, edad, o de discapacidad física o mental.
-Derecho a la representación proporcional de la población, según su lugar de residencia, en la elección de sus representantes al Congreso.
-Derecho a la participación ciudadana.
-Derechos políticos y de sufragio de los chilenos en el exterior.
-Derechos de los habitantes de las regiones a participar en la definición y deliberación de las políticas públicas que afectan a sus territorios.
-Derecho a la comunicación social en relación con el derecho a réplica.

Junto a ello, es imprescindible otorgar una mayor protección al medioambiente y establecer como principio normativo el respeto y reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza y los seres vivos. Es también necesario consagrar constitucionalmente el agua como bien nacional de uso público y estudiar la fórmula jurídica pertinente para incorporar el derecho al agua como un derecho humano fundamental.

Aspiramos a equilibrar la relación entre los poderes del Estado y de éstos con la ciudadanía, lo que implica también que la representación política debe conciliarse con nuevos mecanismos de participación ciudadana. Para ello es necesario hacer efectivos los siguientes mecanismos de participación: referéndum, plebiscitos, consultas vinculantes e iniciativas populares de ley.

Debe reconocerse el derecho ciudadano a expresarse cuando haya discrepancia entre las posiciones del Ejecutivo y del Parlamento en materias de orden constitucional. Creemos en la necesidad de entregar al Ejecutivo la facultad para disolver el Congreso y llamar a elecciones generales, por una vez dentro de su mandato, así como establecer la posibilidad de referéndum vinculante para zanjar temas en que haya posiciones discrepantes entre el Parlamento y el Ejecutivo. Asimismo, es necesario reducir el poder de la minoría en el Congreso, mediante la eliminación del requisito de quórum especial para ciertas leyes y la revisión del sistema de control constitucional y las atribuciones del Tribunal Constitucional.

Es necesario también promover la renovación de autoridades. Por ello, proponemos limitar la reelección en cargos de representación popular, como concejales, alcaldes, diputados, senadores y consejeros regionales. A su vez, eliminaremos la incompatibilidad entre el cargo parlamentario y el de dirigente social o gremial, además de hacer compatible el cargo de parlamentario y de Ministro de Estado.

Apenas se instale el nuevo gobierno, invitaremos a todas las fuerzas políticas y sociales a participar de una Comisión Asesora Presidencial -al estilo de las que ha invocado la Presidenta Bachelet- para que elabore una base constitucional y proponga un camino para llevar adelante el proceso solemne de reforma constitucional ciudadana (*)”.

“Hacia una Constitución de todos”, extracto del programa de gobierno del candidato presidencial Eduardo Frei Ruiz-Tagle
2010-2014.

(*): Debiera decir “convocaremos a la ciudadanía a elegir y participar en una Asamblea Nacional Constituyente, como corresponde a un país democrático, para que elabore una nueva Constitución Política del Estado”.

J.F.S.

¿Por qué Frei no habla de esto?