Carolina Tohá reitera: “Chile necesita otra institucionalidad”

La ministra secretaria general de Gobierno dijo, al exponer su visión personal durante un seminario, que el orden político vigente en Chile resulta “sofocante” y advirtió que la marginación constitucional de ideas mayoritarias es “una bomba de tiempo” para la democracia.

Recordó que la actual Constitución fue dictada por un gobierno de facto y aprobada en un plebiscito sin garantías elementales, y que requiere una revisión profunda de sus capítulos sobre derechos constitucionales y definición del papel del Estado.

Sostuvo que el país y los chilenos “han superado hace rato la mirada estrecha de nuestra Constitución” y que el Bicentenario parece una oportunidad de plantearse una nueva Carta Fundamental.

La ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá, inauguró el pasado 24 de agosto el seminario “¿Una nueva Constitución para la República?”, organizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) y la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), en Santiago.

Tohá planteó allí que “hay definiciones que hoy, año 2009, simplemente ya no son asimilables con el Chile actual” y advirtió sobre el hecho “que ideas mayoritarias dentro de la sociedad no tengan un cauce que haga viable su acogida en los canales constitucionales es una bomba de tiempo para la democracia y su credibilidad”. Recordó que la actual Constitución fue dictada por un gobierno de facto y aprobada en un plebiscito sin garantías elementales, que resulta “sofocante” para la sociedad actual y requiere una revisión profunda de sus capítulos de garantías constitucionales y definición del papel del Estado.

Dijo también que el país y los chilenos “han superado hace rato la mirada estrecha de nuestra Constitución”, que el Bicentenario parece una oportunidad de plantearse una nueva Carta Magna y que no hay fundamento alguno para “una conflictividad política inmanejable”.

Tohá fue diputada hasta hace seis meses, cuando tuvo que renunciar tras ser llamada al gabinete por la Presidenta Bachelet. Pocos meses antes, en septiembre de 2008, había presentado en un seminario privado el ensayo “El Chile que viene” junto al profesor de dicha universidad Javier Couso, en el cual plantea una nueva Constitución Política. Al mes siguiente, suscribió una declaración pública junto a otros cuatro parlamentarios de la Concertación titulada “Asamblea Constituyente aquí y ahora”.

En el seminario de la UDP participaron, entre otros panelistas, el ex subsecretario del Interior del Presidente Ricardo Lagos, ex miembro del Tribunal Constitucional y ex integrante del Grupo de Estudios Constitucionales (“Grupo de los 24”) Jorge Correa Sutil; la ex ministra secretaria general de la Presidencia de Bachelet, Paulina Veloso; el miembro del centro de estudios Océanos Azules y asesor del candidato presidencial Eduardo Frei, Pablo Ruiz-Tagle; el senador independiente (ex PS) y miembro del comando del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, Carlos Ominami, y el senador del PS Jaime Gazmuri. No asistieron, pese a haber confirmado, según indicaron los organizadores, el diputado democratacristiano Jorge Burgos y -el más esperado- el senador de la UDI y partidario del pasado régimen militar Andrés Chadwick. Se excusó el rector anfitrión, Carlos Peña, por razones de salud.

El encuentro fue auspiciado por la Fundación Heinrich Boell y el Instituto Igualdad, este último, presidido por el senador del PS Ricardo Núñez.

Pese a la trascendencia de lo discutido y la jerarquía de los expositores, no se observó cobertura mediática.

Durante su discurso, según intentó dejarlo claro, Carolina Tohá habló primero como representante oficial de la administración Bachelet y enseguida a título personal, precisando, en el primer caso, que este gobierno no tiene una propuesta al respecto y que el tema debe ser asumido por uno en el comienzo de su mandato. Hace casi un año, sin embargo, la propia Presidenta afirmó, durante la conmemoración de los 20 años del triunfo del No a Pinochet, el 5 de octubre, que “Chile necesita una nueva Constitución”.

El siguiente es un extracto libre, pero sustancial (y subtitulado), de la posición y trabajo personales expuestos por la secretaria de Estado acerca de este trascendental tema.

No hay fundamento para una crisis

“Hablar de una nueva Constitución no es lo mismo que hacerle cambios o reformar la actual. Nueva Constitución tiene una carga fundacional y una ambición de integralidad. El Bicentenario, como hito de nuestra historia como nación independiente, parece una oportunidad para plantearse un objetivo de esta dimensión. Hacer una nueva Constitución es un proceso complejo, largo, requiere una gran y amplia convicción acerca de la necesidad de hacerla para poder tener éxito. Quizás a algunos les asuste la idea pensando en la conflictiva experiencia que han tenido otros países y se preguntarán: ‘¿Queremos pasar por eso? ¿Necesitamos hacerlo?’. La verdad es que la necesidad de una (nueva) Constitución en Chile debe evaluarse por su propio mérito, que es bien distinto al de otros procesos. No hay ningún fundamento para imaginarse que una nueva Constitución entre nosotros podría ser fruto de un grupo político arrasando a otros ni de una conflictividad política inmanejable. Al contrario, la necesidad de una nueva Constitución viene motivada por la búsqueda de un orden más compartido, acordado por todos, más integrador que el vigente. Si vamos a discutir sobre una nueva Constitución es importante que sea para avanzar hacia una que nos represente a todos, que no sea la pasada de cuentas de unos sobre otros, sino un auténtico proceso de debate y entendimiento”.

Una verdadera asamblea constituyente

“Una de las cosas que constatamos en el trabajo con Javier Couso es que en la historia de Chile los diversos órdenes constitucionales han sido producto de la imposición de unos y la derrota de otros. Algunas (Constituciones) fueron más democráticas que otras en su contenido, qué duda cabe, pero en su origen todas fueron más o menos excluyentes. Nunca surgieron de un debate sereno y un acuerdo amplio, nunca de una verdadera asamblea constituyente, amplia, representativa y deliberativa. La Constitución de 1980 fue varios pasos más allá: no sólo fue dictada por un gobierno de facto, con exclusión explícita de todos los sectores que no le eran afines, sino que intentó legitimarse a través de un plebiscito que no cumplía las garantías más elementales. Por eso, el debate sobre una nueva Constitución debe partir por hacerse cargo de este déficit histórico y buscar superarlo. Eso, en sí mismo, representa un gran paso para Chile”.

“Lo primero es ponernos de acuerdo en qué problemas queremos resolver, qué queremos lograr con este cambio constitucional y, ciertamente, evaluar si es un cambio constitucional lo que se necesita para poder abordar esta tarea. Muchos aspectos de nuestro orden constitucional pueden ser criticables, pero podrían modificarse sin necesidad de sustituir la Constitución. En cambio, hay por lo menos dos aspectos que son difíciles de superar si no es sobre la base de establecer una nueva Constitución propiamente tal. El primero es el origen histórico de nuestra Carta Fundamental, ya mencionado, no hace falta explayarse sobre este punto. Todos sabemos de dónde salió y cómo, y no cabe duda que esa historia es una mochila difícil de llevar, que nos recuerda dolorosamente que no hemos logrado darnos unas reglas del juego definidas de verdad entre todos. De alguna manera, seguimos viviendo bajo un orden de cuyo origen no estamos orgullosos y esas cosas, en la identidad de los países, cuenta. Y mucho”.

Orden político sofocante

“La segunda razón por la que se justifica pensar en una nueva Constitución es que la actual está impregnada en todo su articulado de un orden político pensado para conservar y no para procesar cambios. Es un orden político que resulta bastante sofocante para la sociedad actual, que es poco amigo de la participación ciudadana y que pone barreras a las reformas que van demasiado más allá de lo conveniente. Una de las cosas que debiéramos buscar es que el orden constitucional permita una mejor forma de procesar debates y adoptar decisiones, una forma menos verticalista y excluyente, que procese los temas en discusión y no bloquee su resolución, como sucede en gran parte hoy. En nuestro trabajo con Javier Couso señalábamos que la actual Constitución, más allá de si nos gusta o no, fue definida en torno a una idea fundamental: establecer un nuevo orden, blindarlo y garantizar su estabilidad. Y ese objetivo lo persigue en forma coherente y sistemática en sus diversas instituciones sin dejar casi trizaduras. Algunos de los emblemas de esa lógica estaban en mecanismos ya derogados, como los senadores designados y el rol garante de las Fuerzas Armadas, pero sigue viva en muchas definiciones plenamente vigentes, como el sistema (electoral) binominal, de baja competencia entre bloques y exclusión de minorías; las altas barreras de entrada para nuevas fuerzas políticas; el centralismo exacerbado; el sistema de inscripción electoral, que desincentiva la entrada de nuevos electores al padrón –esto último, afortunadamente, en plena reforma- y el inédito sistema de quórum exigido para tratar una gran cantidad de materias, que hace altamente improbable su reforma y entrega un poder de veto a la minoría para su tratamiento. Sistemas como éste, en nuestro sistema de quórum especiales, no tienen precedentes en otras democracias”.

“Por eso, cuando escuchamos noticias sobre elecciones en otros países, la obtención de una mayoría en el Congreso es tan significativa para los gobiernos: si la tienen, pueden desarrollar sus programas; si no, dependen de la oposición. Pues en Chile no es así: ganar las elecciones no garantiza, ni por lejos, la posibilidad de poder aprobar las propuestas del gobierno”.

Bomba de tiempo

“Lo más delicado, y creo que aquí está el meollo del debate constitucional, es que dichos quórum superiores a la mayoría están establecidos para proteger decisiones que se tomaron sin quórum, ni siquiera con mayoría simple, decisiones que se tomaron en dictadura. Si me preguntan cuál es el corazón del problema constitucional que tenemos en Chile, es éste. Aquí radica la razón fundamental por la cual nuestra Constitución no logra ser digerida a pesar de las reformas y correcciones que ha tenido. (...) Sustituir el sistema de quórum no significa necesariamente pasar a un sistema en que las mayorías ocasionales puedan cambiar cualquier cosa. Hay otras formas de prevenir que así sea, como exigir que determinadas reformas requieran ser ratificadas en un determinado plazo para entrar en vigencia o incluso en una nueva legislatura. Lo que no es posible es que la institucionalidad no entregue una salida para la realización de reformas que son respaldadas por una mayoría consistente en el tiempo, que año tras año, de una década a otra, sostiene la idea de realizar ciertos cambios. Que ideas mayoritarias dentro de la sociedad no tengan un cauce que haga viable su acogida en los canales constitucionales es una bomba de tiempo para la democracia y para su credibilidad”.

“El creciente desapego y disconformidad con nuestra política puede transformarse en un movimiento mayoritario y transversal, que haga de la desesperanza y la exasperación su motor”.

Tarea del Bicentenario

“Hay definiciones de nuestra institucionalidad que en el día de hoy, año 2009, simplemente ya no van, ya no pasan, no son asimilables con el Chile actual. El fuerte y excesivo centralismo, ya no sólo como problema administrativo, sino como concentración del poder, de las decisiones, en muy pocas manos; la debilidad del Congreso, sus frágiles controles internos; el sistema electoral poco competitivo; la fragilidad y poca transparencia de los partidos políticos; la ausencia de instancias de participación o cooperación ciudadana en los asuntos públicos, etcétera, etcétera. Nuestro sistema no fue hecho, ni lejanamente, pensando en una ciudadanía como la de hoy, más exigente y cuestionadora, menos condescendiente ante la autoridad, más desinhibida, menos temerosa, con mayor apropiación de sus derechos y, digámoslo también, escasa conciencia de sus deberes. Pensemos no más en el Chile de los años 80, más allá del gobierno de la época, pensemos en cómo éramos los chilenos, cómo vivíamos y cómo veíamos el mundo. Las mejores condiciones de vida de las personas, los efectos culturales de la globalización y del acceso a la información han hecho sus efectos. La persistencia por varios años de gobiernos de centroizquierda, también. Son cambios muy profundos respecto del Chile tradicional. Y son cambios positivos, que han generado un país más educado, más democrático, con mayor bienestar. Es evidente que esa sociedad necesita otro tipo de institucionalidad”.

“La Constitución actual requiere una revisión sustantiva de sus capítulos de garantías constitucionales y de su definición del rol del Estado. El desbalance existente entre las demás garantías y el detalle con que está normado el derecho de propiedad es síntoma de la fuerte carga ideológica con que fue redactada la Constitución. Lo mismo respecto a la forma de definir el rol del Estado. No es necesario ser muy agudo para darse cuenta que dichas definiciones están muy distantes del debate existente en el Chile actual, incluso de los planteamientos de sectores que estaban muy cómodos con el texto constitucional. El sentido común de los chilenos y la forma como ha evolucionado nuestra sociedad han superado hace rato la mirada estrecha de nuestra Constitución en estos ámbitos y así debiera recogerse en una nueva Carta Fundamental”.

“No cerremos la puerta a este debate, lo necesitamos. (...) Hay pocas cosas más importantes de que ocuparse con motivo del Bicentenario”.

© Julio Frank Salgado

Foto: Carolina Tohá, ministra secretaria general de Gobierno; Juan Enrique Vargas, Decano de Derecho de la Universidad Diego Portales; Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales. udp.cl

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