Cómo lograr estabilidad nacional

Un país cumplió 17 años con los mismos gobernantes, la misma oposición, casi los mismos empresarios y el mismo electorado. Y con la misma receta: mirar de reojo su propia historia.

En Chile no se ve actos terroristas y los aislados desórdenes públicos no logran alterar la seguridad interior. Su sistema político, de democracia representativa, marcha dentro de los cánones constitucionales y la ciudadanía renueva pacíficamente a sus autoridades. Aunque en desigualdad, empresarios y trabajadores participan activamente de una economía libre y sana, y la opinión pública se orienta por medios conservadores.

Bajo esta relativa placidez coexisten, por cierto, serios problemas socioeconómicos, pero han sido tan efectivamente dilatados que acaso sea esto el mayor secreto de la estabilidad política, económica y social de que goza este país desde el fin de la dictadura (1990).

Pero ésa, como otras, no es una receta propia de la democracia, ni siquiera de la recuperada. Tampoco el temor, la subordinación y la condescendencia a ciegas, alentados por un denominador común: un pasado incómodo y traumático que, invisible, se remonta hasta mucho antes del golpe de estado.

Temor a la política

Ricardo Lagos fue el opositor más carismático de las postrimerías del período pinochetista; Michelle Bachelet –torturada y exiliada junto a su familia- luchó anónimamente por la recuperación democrática. Como candidatos presidenciales, socialistas y partidarios en su oportunidad del derrocado Salvador Allende, ambos generaron expectativas contradictorias: esperanza de mayor dedicación a los problemas sociales, en un lado, y alarma por una presunta amenaza al crecimiento económico, en otro, máxime si el Partido Comunista, pese a estar excluido del Parlamento por el sistema electoral binominal, accedió finalmente a darles sus votos para evitar que perdieran. Su respectivo gobierno, sin embargo, puede definirse como adherente incondicional y alumno brillante y entusiasta del neoliberalismo proderechista impuesto precisamente por el dictador y llevado a la práctica por sus herederos, muchos de los cuales conforman la actual oposición.

No todo puede justificarse como una adecuación a los nuevos tiempos. La actividad política se circunscribe a un forzado binominalismo Concertación-derecha que recuerda a la oligarquía liberal-conservadora de hace un siglo y que ha comprimido el natural abanico partidario chileno, desechando debates ideológicos de fondo, que apunten al cuestionamiento del modelo económico en aplicación e incluso que ahonden en conflictos históricos con las naciones limítrofes, especialmente la trascendental Guerra del Pacífico. Las discusiones más duras se relacionan, por lo tanto, con temas que no tocan el núcleo del sistema: aborto, impuestos, delincuencia común, corrupción administrativa.

La ciudadanía ha asumido esta represión de hecho con una extraña combinación de indiferencia, ambigüedad y oculto temor, y se limita a su esporádico –no obstante crucial- papel de electorado. Un episodio reciente: el humorista Juan Carlos “Palta” Meléndez se presentó en el Festival de la Canción de Viña del Mar, que reúne a una masa popular de miles de personas, mayoritariamente jóvenes, causando gran expectación previa: era el único dedicado actualmente al humor político y anunciaba imitaciones y sátiras sobre los últimos gobernantes del país, Allende y Pinochet incluidos. La ovación final, que premió una actuación sólida y profesional, provocó un suspiro de alivio en organizadores, autoridades, prensa, los propios políticos e incluso el mismo público. Después, en una entrevista, Meléndez confesó que nadie se dedica de lleno a su género “por temor a que no te den más pega (empleo)”.

No es raro que políticos y gobernantes sean criticados y denostados desde la protección del anonimato o bien, sustituidos fríamente en la privacidad de las urnas, pero de ahí a ridiculizarlos en forma pública o rechazarlos masivamente votando blanco o nulo...

En este país predomina un sentido de la autoridad inculcado por 16 años de dictadura y asumido después como el mal menor. Y pocos demócratas han intentado corregirlo.

Sujeción a la economía

El rol protagónico y más celebrado de la pujante actividad económica lo acaparan el gobierno, responsable de la administración del país, y el gran empresariado, agigantado en unos cuantos holdings aprovechando reglas que le permiten minimizar a la competencia. Ambos pueden ofrecer así balances técnicos impecables: superávit fiscal, apertura al exterior, mínima inflación y otros éxitos administrativos, en un lado; diversidad y calidad de productos, ventas y utilidades portentosas, en el otro.

La mayoría de la población tiene en esto una función, si bien esencial, muy específica: el consumo. Y –pese a recibir una irrisoria tajada de la torta- trata de cumplirla lo más correctamente posible, aun a costa de temerarios esfuerzos de endeudamiento individual. Los consumidores atiborran malls, multitiendas y supermercados, estimulados además por una publicidad ya omnipresente.

Cuando esta ciudadanía resulta perjudicada por una política o plan estatal o privado –el caso más reciente es el inicio del Transantiago- no tiene recursos efectivos para hacer valer sus derechos. Sin organizaciones ciudadanas ni sindicales fuertes, un Parlamento binominal y conservador, y el Defensor del Pueblo todavía como una simple idea, algunos luchan solitariamente contra la corriente, otros apelan a la violencia aislada y el grueso espera estoicamente que sus autoridades se decidan a admitir el problema y resolverlo.

El disciplinado sentido del consumo no es legado principal de la dictadura: ha experimentado su mayor desarrollo durante los gobiernos de la Concertación.

Condescendencia con los medios

La mayor parte de la comunicación pública es orientada por el empresariado privado a través, en este caso, del financiamiento publicitario a las principales industrias periodísticas del país y la propiedad de ellas, por añadidura simpatizantes de la oposición. El oficialismo no cuenta con medios incondicionales, pues el diario estatal se da maña para no siempre acceder a sus deseos y la televisión del Estado tiene dirección autónoma y compartida con opositores. Otros –algunos canales de televisión y radioemisoras de FM, especialmente- subsisten con capital extranjero.

Los medios tradicionales más pequeños han sido absorbidos –y no pocos, aniquilados- por ese juego bilateral y sesgado, con raras y poco influyentes excepciones: un puñado de semanarios de la izquierda original por aquí, un par de radios progresistas por allá.

Esta inclinación del poder mediático asegura, a su vez, un enfoque discriminatorio de la fiscalización pública: es ésta la máxima posible cuando se trata del gobierno y los servicios estatales, y la mínima, respecto de los privados que detentan o tercian en dicho poder.

El público no manifiesta reparos a esta situación. Acepta pautas uniformes, reacias a profundizar en conflictos sociales y centradas en la entretención, y delega su palabra opinante en encuestas técnicas generalmente a cargo de entidades conservadoras.

Esto tampoco es obra principal de la dictadura. También ha conseguido su mayor desarrollo durante el largo período concertacionista.

Pronóstico reservado

Una estabilidad forzada, paternalista, con muchos tabúes por soporte y de espaldas a la historia y la cultura propias. Pero real. Y nacional. El perfil hacia el desarrollo elegido o acatado por este largo, aunque angosto país latinoamericano.

¿Qué, concretamente, irá a celebrar en su próximo bicentenario?

Julio Frank S.

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