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{ NOTAS AL MARGEN } ©

21.5.15

Bachelet prepara “Consejo Nacional de Participación Ciudadana”

La Presidenta no anunció Asamblea Constituyente ni plebiscito, sino un Consejo de Participación Ciudadana y un “Acuerdo Político Amplio”. Su instructivo a todos los ministerios de 2014 lo había anticipado: los “diálogos, debates, consultas y cabildos” deben ser conducidos y dirimidos por el gobierno.

Quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos.

Así concluyó la Presidenta Michelle Bachelet el discurso en que anunció la agenda legislativa sobre probidad y transparencia el 28 de abril pasado, sin explicar a qué exactamente se refería. 

Después de tres semanas en que el escueto anuncio causó tanto entusiasmo como estupor y dudas, Bachelet, durante un pasaje de su mensaje a la nación ante el Congreso Nacional, este 21 de mayo, abundó en reflexiones y principios democráticos sobre el tema, pero volvió a omitir información concreta. Se limitó a asegurar que el proceso constituyente anunciado garantizaría “un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable”. Añadió que “todos deben participar en el diseño y aprobación” de la futura Carta Magna y, citando incluso al patriota de la Independencia Camilo Henríquez, que “el pueblo siempre tiene derecho a rever y reformar su Constitución”. 

Sin embargo, no mencionó, una vez más, la Asamblea Constituyente, sino un “Acuerdo Político Amplio”, así, destacado en el texto con letras mayúsculas y en negritas. Y cuando ya había pasado a otras materias, agregó un fugaz y aparentemente inadvertido anuncio: “Para garantizar que las diversas expresiones de la sociedad civil aumenten su capacidad de representación, pondremos en funcionamiento el Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil en el transcurso del presente año”. 

¿Está Bachelet preparando otro golpe efectista? ¿Cree realmente en la soberanía popular y, por lo tanto, en la auténtica democracia? 

Instructivo presidencial 

El 6 de agosto de 2014, Bachelet envió a todos los ministerios el “Instructivo presidencial para la participación ciudadana en la gestión pública”, en el que, junto con expresar su concepto sobre este tema, incluyó, entre otras iniciativas, la creación del llamado Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 

Dicho documento, que deja expresamente sin efecto uno sobre similar materia emitido en 2011 por el gobierno de Sebastián Piñera, instruye a todos los ministerios y servicios públicos acerca de la implementación, según la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública y en un plazo de seis meses –cumplido en febrero pasado-, de normas de participación ciudadana, una Unidad de Participación Ciudadana en cada órgano de administración del Estado, Consejos de la Sociedad Civil y Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro. 

Recomienda también la realización de audiencias públicas, solicitadas por ciudadanos, organizaciones civiles sin fines de lucro, Consejo de la Sociedad Civil o la autoridad respectiva, así como de presupuestos participativos, logrados mediante votación directa y abierta y acuerdos, encuentros y diálogos participativos y los llamados Cabildos Ciudadanos, territoriales y sectoriales, convocados por ministerios o servicios públicos “con el objeto de escuchar las opiniones y propuestas ciudadanas sobre una determinada materia de interés público”. 

Los Cabildos Ciudadanos, explica la instrucción presidencial, corresponden a “un proceso de participación temprana, que permite recoger insumos para elaborar una determinada política pública o programa estratégico. Pueden tener carácter territorial o sectorial, nacional o local”. 

Consejo de Participación Ciudadana 

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de carácter autónomo, “tendrá como tarea la difusión y promoción del derecho a la participación ciudadana y la fiscalización para que los órganos públicos cumplan adecuadamente con sus obligaciones en esta materia”, indica al texto. 

Estará integrado, agrega, por una mayoría de representantes de la ciudadanía, uno de los cuales será designado presidente, y por representantes del gobierno. Más adelante señala que dicho Consejo conducirá un “diálogo nacional” que evaluará la política de participación ciudadana, “así como las eventuales reformas institucionales que debieran abordarse con vistas a profundizar la democracia e incrementar su dimensión participativa”. 

Las propuestas de reformas legales emanadas del nuevo organismo serán “recogidas, procesadas y sistematizadas” por una comisión interministerial encabezada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

Los Consejos de la Sociedad Civil, a su vez, “constituyen una instancia relevante para asegurar la incorporación de la voz de la ciudadanía en todo el ciclo de la gestión de las políticas públicas, esto es, su diseño, ejecución y evaluación”. En tanto, la Unidad de Participación Ciudadana deberá “otorgar las condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, proporcionándole recursos y espacios para la celebración de las sesiones, gestionando y ejecutando capacitaciones a sus representantes, entre otras medidas que busquen su fortalecimiento”. 

“Proceso de cooperación” 

El instructivo de Bachelet precisa, además, que “nuestro Gobierno entiende la participación ciudadana como un proceso de cooperación mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente acerca de problemas públicos y sus soluciones, con metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, encaminados a la incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las decisiones públicas”. 

Enseguida, describe los “objetivos estratégicos” del gobierno en materia de ampliación y profundización de la democracia mediante la participación ciudadana, como revisar y perfeccionar los mecanismos de dicha participación y promoverla de manera transversal, respetando la diversidad social y cultural, entre otros. 

Mientras la Presidenta no lo aclare, persistirá la duda sobre el “proceso constituyente” que anunciara para septiembre próximo. Aunque ya ha habido anticipos: en octubre del año pasado los entonces presidentes de las comisiones de Constitución del Senado, Felipe Harboe (PPD), y de la Cámara de Diputados, Ricardo Rincón (DC), encabezaron en Chillán los primeros “cabildos ciudadanos” para elaborar una nueva Constitución. 

Si fuera así, aún tiene tiempo de arrepentirse.

Julio Frank S.

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Bachelet prepara “Consejo Nacional de Participación Ciudadana”

Bachelet: “Todos deben participar en el diseño de la nueva Constitución”

“Llevaremos a cabo un proceso constituyente que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable”, dijo la Presidenta en su mensaje a la nación. 

Aunque declinó, una vez más, adelantar el procedimiento específico, la Presidenta Michelle Bachelet entregó una serie de conceptos sobre las características que deberá tener el anunciado proceso constituyente, destinado a dotar al país de una nueva Constitución Política, que sustituya la promulgada por Pinochet en 1980. 

Durante su mensaje a la nación ante el Congreso Nacional, este 21 de Mayo, Bachelet citó al patriota de la Independencia Camilo Henríquez recordando que “el pueblo siempre tiene derecho a rever su Constitución”, precisó que “todos deben participar en el diseño” de la futura Carta Magna y que la participación ciudadana deberá ser “realmente incidente”. 

Pese a ello, volvió a omitir una mención a la Asamblea Constituyente, hablando en cambio de un “acuerdo político amplio”. 

Este es el extracto del texto original: 

Esta tarea política que hemos comprometido contempla igualmente un proceso que nos guíe hacia una nueva Constitución. Porque la democracia que queremos fortalecida y la confianza cívica que necesitamos renovada tendrán su culminación y su sustento en una nueva Carta Fundamental democrática, legítima y actualizada. 

La que hoy nos rige no favorece el encuentro de los chilenos ni es la base que requerimos para avanzar al futuro como país moderno. 

Necesitamos una nueva Constitución. La demanda ciudadana es clara y mi compromiso es firme.

Decía Camilo Henríquez, ya en 1813, en su célebre “Catecismo de los patriotas”, que ‘el pueblo siempre tiene derecho de rever y reformar su constitución’ y que ‘una generación no puede sujetar irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras’. 

Chile, por primera vez en su historia, tiene la oportunidad de construir una Constitución genuinamente republicana y soberana, que sea política y socialmente acordada, que refleje el país que somos hoy, maduro y democrático.

Una Constitución que exprese el verdadero juego de mayorías y respeto a las minorías. Todo ello, bajo la idea del respeto irrestricto a los derechos humanos y a la igualdad esencial de las personas. 

Anuncié que en septiembre iniciaremos un ‘proceso constituyente abierto a la ciudadanía’, porque la legitimidad de la nueva Constitución es tan importante como sus contenidos. La Constitución es para todos y por eso todos deben participar en su diseño y aprobación. 

Por eso llevaremos a cabo un proceso constituyente que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable. Y ello debe ocurrir en el contexto de un Acuerdo Político Amplio (sic), transparente y de cara al país, que sostenga este proceso. 

Esta es nuestra oportunidad y nuestra obligación histórica. Los invito a todos a participar y trabajar juntos, asumiendo las responsabilidades ciudadanas, con generosidad y pensando en las futuras generaciones”. 

J.F.S. 

Fuente: gob.cl

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Bachelet: “Todos deben participar en el diseño de la nueva Constitución”

5.5.15

Proceso constituyente en Chile


El 28 de abril de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que en septiembre próximo se iniciará un proceso constituyente en Chile, con el fin de elaborar una nueva Constitución Política del Estado.

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Proceso constituyente en Chile

22.4.15

Más de 50 diputados apoyan proyecto de plebiscito sobre Asamblea Constituyente


“El Presidente podrá convocar en todo caso a plebiscito si cuenta para ello con el acuerdo de ambas cámaras del Congreso Nacional”, dice la reforma constitucional presentada el martes.

El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade; los ex dirigentes estudiantiles Camila Vallejo (PC), Giorgio Jackson y Gabriel Boric (independientes); el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Leonardo Soto (PS), y el ex presidente de esa instancia legislativa, Ricardo Rincón (DC); el ex líder de la movilización social de Aysén, Iván Fuentes (DC); los ex alcaldes de Viña del Mar, Rodrigo González, y Cerro Navia, Cristina Girardi (PPD), y el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, figuran, entre otros, en la nómina de diputados patrocinantes del proyecto de ley de reforma constitucional que permite al Presidente(a) de la República llamar a plebiscito nacional, para que la ciudadanía se pronuncie y defina el procedimiento de redacción de una nueva Constitución Política.

La iniciativa legal fue presentada este martes 21 por la diputada socialista Maya Fernández y la respaldan más de 50 legisladores, cerca de la mitad de la Cámara.

Se trata del tercer proyecto en tal sentido. En julio de 2011, en plena movilización estudiantil, la propuesta de diez legisladores de la entonces Concertación no fue tramitada por la comisión especializada, presidida y con mayoría de derecha. En septiembre de 2012, cinco senadores concertacionistas propusieron que en las elecciones presidenciales de 2013 se instalara una cuarta urna con el objetivo indicado, pero tampoco fue tramitada aduciéndose finalmente que dichos comicios “ya habían pasado”.

La presentación del actual proyecto coincide con la carta enviada a la Presidenta Michelle Bachelet por los presidentes en ejercicio de las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara de Diputados, los socialistas Alfonso de Urresti y Leonardo Soto, quienes manifestaron a la mandataria su plena disposición a estudiar una iniciativa de este tipo.

El texto

La llamaba “Bancada AC”, un grupo transversal de parlamentarios partidarios de una Asamblea Constituyente, recolectó firmas entre sus pares y, encabezado por Maya Fernández, presentó el proyecto de ley, cuyo artículo único señala:


Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:
1. Modifícase el inciso final del artículo 15, insertando la frase “y las leyes” antes de su punto final.
2. Reemplázase el artículo 32 N° 4 por el siguiente: “Convocar a plebiscito en los casos en que corresponde conforme a la Constitución y a las leyes. El Presidente podrá convocar en todo caso a plebiscito si cuenta para ello con el acuerdo de ambas cámaras del Congreso Nacional”. 

Los suscriptores, muchos de los cuales se han manifestado partidarios de una Asamblea Constituyente, son:

Bancada PS
Maya Fernández
Daniel Melo
Leonardo Soto
Luis Lemus
Luis Rocafull
Denise Pascal
Daniella Cicardini
Manuel Monsalve
Clemira Pacheco
Jenny Alvarez
Raúl Saldívar
Roberto Poblete
Fidel Espinoza
Marcelo Schilling
Juan Luis Castro
Osvaldo Andrade
Christian Urízar

Bancada PPD
Cristina Girardi
Jorge Insunza
Rodrigo González
Tucapel Jiménez
Pepe Auth
Loreto Carvajal
Felipe Letelier
Guillermo Ceroni
Ramón Farías

Bancada DC
Yasna Provoste
Claudio Arriagada
Iván Fuentes
René Saffirio
Patricio Vallespín
Víctor Torres
Ricardo Rincón
Iván Flores

Bancada PRSD
Marcela Hernando
Alberto Robles
José Pérez
Marco Espinoza
Carlos Abel Jarpa
Fernando Meza

Bancada PC-IC
Daniel Núñez
Karol Cariola
Camila Vallejo
Hugo Gutiérrez
Guillermo Teillier
Lautaro Carmona
Sergio Aguiló

Bancada independiente
Vlado Mirosevic
Gabriel Boric
Giorgio Jackson
Gaspar Rivas
Alejandra Sepúlveda

J.F.S.

Fuente principal: @Mayafernandeza

Foto: Bancada AC, @Danielmelochile

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Más de 50 diputados apoyan proyecto de plebiscito sobre Asamblea Constituyente

16.4.15

La carta de parlamentarios a Bachelet pidiéndole una Asamblea Constituyente

Texto de los presidentes de las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara de Diputados enviado a la Presidenta de la República. 


Los abajo firmantes ponemos a su disposición estas importantes instancias legislativas para estudiar, tramitar y generar los actos legislativos que sean necesarios a efectos de que se pueda contar con las herramientas constitucionales necesarias para convocar al pueblo a asumir, organizado en Asamblea, su rol constituyente.

Así lo declara la carta enviada a la Presidenta Michelle Bachelet por los presidentes de las comisiones de Constitución del Senado, Alfonso De Urresti, y de la Cámara de Diputados, Leonardo Soto, ambos, al igual que la mandataria, militantes del Partido Socialista. 

Los parlamentaros hacen un diagnóstico autocrítico sobre lo ocurrido en el país durante los últimos 25 años, después de la dictadura de Pinochet. Admiten “una crisis de legitimidad y de malestar ciudadano” por una institucionalidad aún con rasgos autoritarios; que la ciudadanía “ya no se conforma con enmiendas al modelo que venimos ‘parchando’ y humanizando desde 1990” y exige “más y mejor democracia”, y que los políticos gobernantes, pese a los avances macroeconómicos y en algunos derechos, “no hemos sido capaces de estar a la altura de estas demandas y exigencias”. 

Reconocen también que el sistema político “se encuentra hoy bajo numerosos cuestionamientos” y que los mecanismos de control disponibles no son capaces de prevenir ni sancionar hechos “como los que han conmocionado a la opinión publica” y “antes de que su implosión parezca poner en jaque las instituciones democráticas”. 

Junto con recordar el programa de gobierno de la coalición oficialista, llaman a Bachelet a hacer efectiva su vocación democrática: “Presidenta: Usted ha sido consistente, tanto en el programa que construyó la Nueva Mayoría en torno a su candidatura como en el primer año de su gestión, en sostener y defender la idea de que será esta administración la última que nazca al amparo de la ilegitima Constitución de 1980”, señalan. Finalmente, ponen a su disposición el trabajo de las comisiones especializadas que presiden con el objeto que “pueda contar con las herramientas constitucionales necesarias para convocar al pueblo a asumir, organizado en Asamblea, su rol constituyente”. 

El texto completo de la misiva es el siguiente: 

“VALPARAISO, Abril de 2015 

‘Debemos tener claro que estas transformaciones no llegarán a buen puerto si no mejoramos sustancialmente nuestra política. Ya que el desarrollo y el futuro del país lo construimos entre todos, necesitamos una Nueva Constitución que nos represente. Necesitamos prestigiar nuestra política y debemos contar con un sistema electoral que permita representar la amplia diversidad de visiones que tienen los chilenos y chilenas. Un nuevo marco constitucional y político que garantice derechos, defina obligaciones y que responda a las demandas de los ciudadanos por mayor participación y representatividad’. 

Programa de Gobierno Nueva Mayoría 2014-2018 

Señora 
Presidenta de la República 
MICHELLE BACHELET JERIA 
Palacio de La Moneda 
Presente.- 

Respetada Presidenta: 

Tras 25 años desde el inicio de un largo proceso de restauración democrática, la dinámica social, cultural y política en Chile hoy se expresa en una crisis de legitimidad y de malestar ciudadano por lo que considera es una insuficiente profundización de la democracia que hemos ido construyendo y la existencia de instituciones y de normas que limitan la participación de las chilenas y los chilenos en la definición del tipo de sociedad que quieren construir para un país del siglo XXI, muchas de ellas albergando aún aquel espíritu autoritario con que la dictadura quiso refundar nuestra república. 

Este fin de ciclo, al parecer irreversible, se ha venido expresando progresivamente en las movilizaciones estudiantiles, en las peticiones de los cada vez más adultos mayores, en las justas reivindicaciones de los pueblos originarios, en la demanda social expresada en los pescadores artesanales y los profesores, en la exigencias igualitarias de grupos representantes de la diversidad sexual y cultural, en el descontento del mundo del trabajo por los efectos que genera el sistema previsional, en la legítima petición de contar con una mejor salud pública y en la creciente reivindicación por un mayor protagonismo de las regiones, sólo por nombrar algunos ejemplos. 

Lamentablemente, a juzgar por los resultados, no hemos sido capaces de estar a la altura de estas demandas y exigencias, pese a todo lo que se ha avanzado en materia de infraestructura, desarrollo macroeconómico y consolidación de derechos individuales y sociales. 

Lo anterior explica el mayoritario apoyo constante que durante esta transición, con la excepción del 2010, obtuvieron en las urnas las fuerzas identificadas con el progresismo, el cambio y la gobernabilidad. Sin embargo, en el marco de esta crisis, agudizada por el voto voluntario y el perverso sistema binominal, son cada vez menos los ciudadanos que expresan su opinión cívica. 

Hoy la ciudadanía ya no se conforma con enmiendas al modelo que venimos ‘parchando’ y humanizando desde 1990: esas ciudadanas y ciudadanos exigen, en las calles y en las redes, más y mejor democracia. Y dentro del legítimo debate que hoy se produce son una mayoría quienes entienden que ya no es posible seguir siendo regidos por una Constitución que, más allá de cambios y reformas, sigue siendo, en muchas formas, esa que la dictadura impuso fraudulentamente en 1980 para exactamente lo contrario a lo que hoy se busca: construir una democracia ‘protegida’ o ‘cautelada’ que no concebía el concurso de los chilenos en su edificación. 

Señora Presidenta: Quienes suscribimos esta carta somos parlamentarios a quienes hoy les corresponde encabezar las comisiones de Constitución de ambas cámaras legislativas. Compartimos también una generación, una mirada común y un también común anhelo de aportar a un proceso de cambios que ha esperado mucho tiempo para hacer de Chile el mejor y más justo país donde queremos que crezcan y se desarrollen nuestros hijos. 

Estimada Presidenta: Ud. ha demostrado reiteradamente ante el país su capacidad para percibir la sensibilidad social y ciudadana y a través de eso conducir los procesos democráticos necesarios para lograr avances sustantivos tanto para nuestra institucionalidad como para el perfeccionamiento de los principios democráticos que, desde sus albores, inspiraron nuestra república. 

Tal como en otros momentos de nuestra historia patria, nuestro sistema de convivencia nacional, particularmente el político, se encuentra hoy bajo numerosos cuestionamientos y cada vez resulta más evidente la incapacidad de los mecanismos de control para evitar que hechos como los que han conmocionado a la opinión publica puedan ser previstos, controlados y sancionados antes de que su implosión parezca poner en jaque las instituciones democráticas. 

Presidenta: Ud. ha sido consistente, tanto en el programa que construyó la Nueva Mayoría en torno a su candidatura como en el primer año de su gestión, en sostener y defender la idea de que será esta administración la última que nazca al amparo de la ilegitima Constitución de 1980. 

Esta consistencia, estamos ciertos, marcará también el derrotero que se propondrá al país para alcanzar la anhelada meta de que ningún chileno o chilena más se vea regido por una Carta Magna que, a la tantas veces denunciada ilegitimidad de origen, suma un anquilosamiento y referencia a ideas ya largamente superadas en la literatura de juristas y, sobre todo, en las prácticas y anhelos de los pueblos. 

Para el cumplimiento de esta enorme labor, los abajo firmantes ponemos a su disposición estas importantes instancias legislativas para estudiar, tramitar y generar los actos legislativos que sean necesarios a efectos de que se pueda contar con las herramientas constitucionales necesarias para convocar al pueblo a asumir, organizado en Asamblea, su rol constituyente. 

Respetada Presidenta: Le reiteramos nuestra absoluta disposición y compromiso, para ser parte de todas aquellas acciones cuyo objetivo sea encontrar terreno fértil donde plantar la semilla para una nueva, justa y democrática Carta Magna para todos y todas las chilenas. 

Le saludan, con el aprecio y respeto de siempre, 

Alfonso De Urresti Longton, senador, presidente Comisión de Constitución, Senado de la República 

Leonardo Soto Contreras (sic), diputado, presidente Comisión de Constitución, Cámara de Diputados”.

J.F.S.

Fuente: Oficinas parlamentarias

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La carta de parlamentarios a Bachelet pidiéndole una Asamblea Constituyente

9.4.15

Parlamentarios piden a Bachelet proyecto sobre Asamblea Constituyente

Los presidentes de la comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti, y de la Cámara de Diputados, Leonardo Soto, enviaron una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, en la que le manifiestan su disponibilidad a tramitar una ley que permita convocar a una Asamblea Constituyente. 

Los parlamentarios socialistas, después de recordar a la gobernante su promesa de campaña y su programa de gobierno, en el sentido de elaborar una nueva Carta Magna sobre la base de la participación ciudadana, ponen a su disposición “las instancias para estudiar, tramitar y generar los actos legislativos que sean necesarios”, según la misiva. 


De Urresti y Soto, miembros de la llamada Bancada AC, agregan que la actual Constitución es incapaz de prevenir y controlar hechos de corrupción como los que han escandalizado al país y que pueden poner en riesgo las instituciones democráticas.


Fuente: latercera.com

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Parlamentarios piden a Bachelet proyecto sobre Asamblea Constituyente

5.4.15

“¿Quieren otro militar?”

La provocadora advertencia del político bacheletista Sergio Bitar refleja el escozor de la “clase” gobernante chilena ante el creciente rechazo ciudadano y su temor a que éste implique desechar todo lo construido con el legado de Pinochet.

“¿Quieren echar a todo el mundo y que llegue un populista cualquiera? ¿Quieren otro militar?”, exclamó sorpresivamente el ex senador y ex ministro Sergio Bitar Chacra en una entrevista, al referirse al duro cuestionamiento de la ciudadanía al financiamiento ilegal de las campañas políticas. 

La advertencia de Bitar -relegado por la dictadura y cofundador de una de las colectividades pilares contra Pinochet y en el desarrollo de la transición, el Partido Por la Democracia (PPD)-, refleja la desazón con que se encuentra la denominada “clase” gobernante chilena ante una crisis que le ha hecho caer a niveles que, según teme, podrían ser irremontables. 

Las actuales investigaciones judiciales por la emisión por terceros de millonarias boletas de honorarios presuntamente falsas han tenido un efecto mucho más profundo y devastador que los conflictos anteriores, los que un mal llamado “consenso” entre las principales coaliciones partidarias consiguió controlar. 

Ya no se trata sólo de que los triunfadores en el plebiscito que derrotó al dictador en 1988 hayan manipulado la voluntad popular con el fin de dar “gobernabilidad” al país, esto es, realizar una administración condescendiente con los intereses de los herederos del régimen saliente y respetando las bases de su institucionalidad. Eso han podido lograrlo manteniendo a la ciudadanía ajena a la “alta política” privándola de la necesaria información, educación y participación cívicas, pero ahora ha ocurrido algo adicional y al alcance del entendimiento de cualquier persona de a pie: los políticos no sólo son acusados de obtener dinero ilegalmente para llegar adonde están –especialmente al Parlamento-, sino que la prensa en general lo está informando profusamente y los fiscales encargados de perseguir el delito lo están investigando de cara al público. 

Pero hay más; los presuntos autores pesquisados son grandes consorcios empresariales, aquellos alentados por las granjerías que la dictadura dispusiera y que mantuvieran y consolidaran los gobiernos concertacionistas. Dichos grupos no solamente habrían contribuido a financiar a sectores proclives al fallecido dictador, sino también a destinatarios antidictatoriales, considerados plenamente demócratas y “cercanos” a la gente, como se declaran los miembros de la Concertación; peor aún, en este último caso la empresa impugnada –Soquimich- fue arrebatada al Estado para ser vendida al yerno de Pinochet, su propietario a la fecha. Es decir, adalides de la democracia tampoco se habrían negado al dinero pinochetista. 

Bachelet 

La Presidenta Michelle Bachelet –otra víctima personal de la dictadura-, hasta ahora impoluta para el electorado, fue salpicada por un caso que también desembocó en un tribunal de justicia. Su hijo Sebastián Dávalos y su nuera obtuvieron un inusual préstamo del Banco de Chile –propiedad del poderoso grupo económico transnacional Luksic- para realizar un negocio inmobiliario, sobre el que se investiga una presunta negociación incompatible y uso de información privilegiada, e incluso hay una querella por estafa. Ante ello, la mandataria sólo ha manifestado desconocimiento y “dolor”, aunque no es un misterio que Luksic mantiene preferencia por ella y su doble gestión gubernamental.

Pinochet 

La actitud con que los conductores de la transición han encarado tanto las crisis puntuales como el diseño de las políticas de largo plazo han tenido, a lo largo de 25 años, un componente no declarado: Pinochet. La Concertación, que ganó cuatro elecciones presidenciales en forma sucesiva, respetó sus principales leyes, modificó su Constitución sólo en aquello que no la desestabilizaba, reivindicó los derechos humanos con excepción de algunos fundamentales como la autodeterminación popular, proclamó la equidad pero mantuvo la desigualdad y anunció participación social sin hacerla efectiva. 

Como el dictador, todos los gobernantes posteriores a éste han considerado que son los grandes generadores y administradores del dinero los que deben movilizar a los países; que los políticos son servidores de aquéllos y que la población sólo es consumidora de sus productos, bienes y servicios y, a lo más, un agente electoral. Los demócratas y estadistas del pasado parecen haber desaparecido de sus archivos o bien haberse transformado en demagogos, pues ahora lo que se requeriría serían políticos no “populistas”, calificativo esgrimido frecuentemente por Bachelet aun estando al frente de la “Nueva Mayoría” y sus reformas, y que tanto gusta a sus amigos desarrollados. 

Por todo eso, probablemente, Bitar teme que otro militar (como Pinochet) sea una alternativa y Bachelet quiere una nueva Constitución en la medida de lo que permita la impuesta (por Pinochet), dando a entender que la Asamblea Constituyente sería la mejor forma de destruir todo lo hecho y no el medio más democrático para cambiarlo por algo nuevo y esperanzador. 

Julio Frank S.


Foto: Augusto Pinochet, es.wikipedia.org

Otros enlaces Caso Soquimich Caso Penta Caso Caval

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“¿Quieren otro militar?”

8.3.15

Políticos maculables, pero votados

Aunque se les someta a escarnio público por su cometido y manejo financiero, políticos de diferentes colores se muestran inmunes a todo juicio, confiados en que ni siquiera una mala imagen impedirá que el elector les siga legitimando en las urnas. 

Al ventilarlo enfrente de una de las mayores audiencias del país, la del Festival de Viña de Mar, el humorista León Murillo promulgó un tema que los chilenos ven, escuchan y sufren a diario aunque no quieran convencerse todavía de su trascendencia: la “clase” política, aquellos ciudadanos a quienes otros ciudadanos dan periódicamente la responsabilidad de conducir la nación, está cayendo cada vez más bajo. Ya no se trata sólo de que haya legislado prioritariamente en favor de pequeños grupos con grandes intereses y postergado a la mayoría, sino que en los últimos meses han estallado diversos escándalos político-financieros que han involucrado a un sector fundamental de la derecha, aludido en un momento dado a la izquierda comunista y alcanzado incluso al círculo familiar de la Presidenta Bachelet.

Los controladores del grupo económico Penta encabezan la nómina de formalizados y encarcelados por presuntos fraude al Fisco y soborno en relación con el financiamiento empresarial de campañas electorales, aunque no figuran, hasta ahora, los políticos favorecidos. El fiscal a cargo acotó que si no hubiera habido prescripción de esos delitos, tendría que haberse investigado desde 1990 (después de Pinochet). 

En la Quinta Vergara, León Murillo ironizó sobre el hecho de legislar contrariamente a las necesidades populares, los abusos institucionalizados en el trabajo, la previsión social y la salud, la insólita similitud ideológica entre derecha e izquierda y denostó, como contrapartida, el afán parlamentario por subir aún más el estatus propio sin reparar en gastos… fiscales, por supuesto. Más de diez mil personas, no acostumbradas a este contenido en espectáculos tan masivos –transmitió la televisión abierta-, aplaudieron con cierta moderación.

¿Rechazo y menosprecio merecidos? 

Quizá no se recuerde que muchos de los vilipendiados lucharon y se arriesgaron en el pasado ante una feroz dictadura para reivindicar y proponer una democracia auténtica, en tanto otros se allanaron a ponerse de acuerdo con ellos para intentar un tránsito con tal sentido. Así pudo haber Presidentes, legisladores y alcaldes libremente elegidos, información y entretención mediáticas sin censura oficial y derechos humanos progresivamente reconocidos y consagrados.

Casi todos, además, fueron capaces de asimilar el principio económico de libre empresa heredado del régimen militar con la nueva tendencia neoliberal propulsada por las potencias occidentales. Crearon, por ejemplo, un vasto y efectivo sistema crediticio que ha permitido a gran parte de la población chilena acceder a bienes, servicios y tecnologías modernas que los ingresos habituales de ésta les habían negado.

Fueron capaces, asimismo, de estimular, favorecer, acrecentar y garantizar la inversión, nacional y extranjera; de abrirse a los mayores mercados del mundo, asegurar el control del gasto del Estado, consolidar la marcha de la economía y dar al país una imagen internacional ejemplar en este aspecto.

¿Por qué tanta animadversión? 


Habrá que reiterar, sin embargo, que no rechazaron ni quisieron terminar con todas las injusticias y dogmas instaurados por la dictadura, especialmente lo principal: la proscripción del pueblo ciudadano como responsable de su propio país. Prefirieron desmotivar y desarticular la participación social en la reconstrucción nacional para no causar problemas a la transición. Los chilenos nos vendríamos a enterar varios años después de que lo que habíamos aprobado como reformas “democratizadoras” de la Constitución de Pinochet en 1989 había sido en realidad una transacción secreta entre los políticos triunfadores en el plebiscito, que cedían inesperadamente poderes y derechos, y los pinochetistas perdedores, que los ganaban aun derrotados.

Habrá que admitir también que lo que se ha extendido es más bien una sensación de prosperidad, basada en el endeudamiento sistemático, expedito e indefinido por bienes y servicios deliberadamente desechables y en la exacerbación publicitaria de un instinto consumista sin reposo. Las empresas acreedoras han logrado así una estabilidad básica y unilateral para proyectarse a futuro y acceder a nuevas inversiones, nuevas utilidades y… nuevas acreencias, seguras, además, de que los conductores del país seguirán rechazando ideas que no apruebe la megapotencia libremercadista de la que se declaran socios históricos.

Esta prosperidad diametralmente desigual y la democratización a medias fueron objeto del programa de gobierno de la actual Presidenta, pero ésta se ha encontrado no sólo con el obstáculo de siempre, la derecha protegiendo la herencia dictatorial, sino también con oposición también dentro del oficialismo y escándalos financieros incluso dentro de su propia familia. Más aún, su mayor impedimento, como el de todos sus predecesores, es no querer abjurar del modelo político y económico que heredó, de ahí que haya depositado sus reformas en un Congreso políticamente desacreditado y sus anuncios sobre una nueva Constitución en un próximo y misterioso “proceso de participación ciudadana”. Ha rehuido hablar de Asamblea Constituyente, diciendo indirectamente al pueblo -coincidiendo con el fallecido dictador- que es insensato para decidir su propio destino.

¿Reprobación generalizada? 

La escasa estima ciudadana por la política, el Parlamento y las principales coaliciones ha sido registrada sostenidamente por encuestas de opinión pública, según las cuales aquéllos han caído hasta debajo del 20 por ciento, así como por un paulatino descenso en la participación electoral, de hasta el 60 por ciento. Sin embargo, las encuestas tienen limitaciones y permiten sólo una proyección hacia el total, en tanto la baja concurrencia a las urnas no implica tajantemente un rechazo a la política como tal.

Lo concreto es que el 40 ó 50 por ciento restante sigue relegitimando fielmente con sus votos a los actuales políticos, nuevos y antiguos, ignorando el sistema binominal legado por Pinochet y eligiendo a candidatos de los dos pactos de siempre: la Concertación –hoy “Nueva Mayoría”- y la Alianza. La reacción moderada de los asistentes al Festival de Viña del Mar, que escucharon una síntesis humorística sobre algunas de las injusticias más graves contra la población, identifica esa suerte de acatamiento, público, notorio y más bien timorato, del “mal político menor”.

Se critica ácidamente a los políticos y con fundamento, enrostrándoseles en definitiva que rescataron el poder ante un dictador sólo para construir una sociedad desigual y sin ética, pero de ahí a querer quitarles el pedestal al que se les ha subido y entrar a un cambio de reglas…

¿Desidia? ¿Conformismo? 

En realidad, no se detecta el grado de ingratitud popular que algunas manifestaciones públicas parecieran revelar. Lo definitorio, al menos hasta ahora, sigue siendo esa alianza no programada entre quienes han votado regularmente por la política de siempre y quienes, alejándose de los locales de votación, no han querido hacerlo por algo distinto.

Ante esta ambivalente actitud, sería extraño que los beneficiados dejaran de actuar como lo han hecho durante más de 20 años. Bachelet –un fenómeno electoral inédito- ya anunció su intención de terminar con los escándalos por el financiamiento politico mediante, una vez más, nuevas comisiones asesoras y nuevas leyes. Un blanqueo legislativo, un autoperdonazo, opción que, naturalmente, provoca gran beneplácito en los más comprometidos.

Si los votantes, también una vez más, lo toleran, seguiremos teniendo una “clase” política aferrada no importando cómo al sistema que ella misma ha construido y, como los vendedores y cantores ambulantes que ya invaden el ferrocarril metropolitano, pidiendo “lo que sea su voluntad”.

Julio Frank S.

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Políticos maculables, pero votados

17.2.15

Una isla en el sur de Chile


Hay poco más de 350 habitantes y sólo 12 kilómetros cuadrados, pero mucho más actividad que la imaginable: agricultura, crianza de salmones, religiosidad, leyendas y turismo.

Se trata de la isla de Chelín –“cerro pequeño” en lengua de los chonos-, en la también insular provincia de Chiloé, sur de Chile, a dos horas de navegación desde la ciudad de Castro, la capital provincial, fundada en 1567.


Su iglesia Nuestra Señora del Rosario, Monumento Nacional, es uno de los 16 templos chilotes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Un antiguo y rústico cementerio, un astillero y un mirador para atisbar panorámicamente la belleza del lugar atraen también la atención.

Un tónico contra el estresante trabajo anual, los pelmazos que nunca faltan y los escándalos político-económicos, que han arreciado este verano austral más al norte.

J.F.S.

Fuentes: Hostel Entretenido ChiloéWikipedia.org

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Una isla en el sur de Chile

21.1.15

68,1% cree en la Asamblea Constituyente en Chile


El Estudio de Valores Sociales 2015 de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) reveló que el 51,1 por ciento de las personas encuestadas opina que una nueva Constitución Política del Estado debe ser encargada por el Congreso Nacional a una Asamblea Constituyente y el 17,0 por ciento, que debe ser elaborada por una Asamblea Constituyente convocada por las organizaciones sociales del país. Apenas el 2,6 por ciento estima que debe ser elaborada y aprobada por el Congreso Nacional.

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68,1% cree en la Asamblea Constituyente en Chile